Se decía, se comentaba, se dejaba caer que por fin iba a ocurrir. Estamos a las puertas de diciembre, que es el mes que despide el año, y con este 2009 se suma un año más con el Estatut de Catalunya parado y puesto bajo la lupa mohosa del tribunal constitucional. Si al menos lo analizaran al estilo CSI, en laboratorios pulcros y blanquitos... pero es que no es así, y tenemos a este grupito de letrados, jueces elegidos a dedo porque así se estipula en la Constitución, que si pretende ser imparcial solo por cómo son elegidos ya debería irse a su casa y esconderse debajo de la cama.
Este tribunal debería haber sido revocado hace más de un año, pero la causa pendiente del Estatut no lo ha permitido, porque de haberse permitido el equilibrio de funambulista en el que se mantienen la causa del recurso contra el Estatu se habría venido abajo. Por el camino ha muerto uno de los jueces de dicho tribunal, hay otro con causas pendientes por las que se ha visto apartado de la actividad jurídica y el resto se levantan cada mañana para verse las caras y con un fosforito marcar palabras como "nación" o "símbolo nacional" ... Cuando debe recordarse que el recurso de anticonstitucionalidad que presentó el PP era por competéncias no por otros temas.
Hace menos de una semana, se filtró que el Tribunal iba a borrar del preámbulo, que no es vinculante, la palabra N.A.C.I.Ó.N
Vale, borradla si queréis, un preámbulo no es vinculante, es como si queremos llamarnos país de natillas o berenjeland. Lo importante está pasado el preámbulo... Pero, si ahora tras dos largos años solo han llegado a ponerse de acuerdo en borrar una palabra del preámbulo, no quiero saber cuánto pueden llegar a tardar en llegar al Capítulo 7. Eso me hace pensar en las críticas que se escucharon al principio cuando calentito calentito el Estatut salió del Parlament listo para el Referendum (Hola sí, el Estatut fue refrendado... políticamente esto es decir MISA)
Bueno, entonces, en aquel momento, algunos con suficiente conocimiento político y constitucional se quejaron de que el Estatut del Tinell tuviera MÁS capítulos que la propia Constitución, que había que recortarlo, que eso no podía ser... y bla bla bla... El problema no es que el Estatut tenga más capítulos que la Carta Magna, sino que la consagrada Carta Magna se ha quedado corta, pero no ahora y en comparación al Estatut, sino ya desde hace una década. Vivimos emparanoiados con el siglo XIX, cuando cada 7-10 años teníamos Constituciones nuevas... porque "supuestamente" eso provocaba guerras civiles como las guerras carlistas.
El problema es que no se enseña historia como es debido, o si se enseña como es debido pero nadie hace el esfuerzo para que lo que es académico perdure en el día a día.
Pero ese es otro tema. El que me lleva hoy a escribir es LA EDITORIAL CONJUNTA DE LOS DIARIOS CATALANES:
LA DIGNIDAD DE CATALUNYA
Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.
La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable 26/11/2009
La he cogido de La Vanguardia, pero como si lo hubiese sacado del Avui... idéntica.
Començo a veure ben clar que potser és cert que hem anat deixant enrrera aquella pell fosca, doncs seca n'estava, aquella pell que lluiem tot dient com n'estaven d'emprenyats. Hem mudat, tenim una pell nova, que llueix tibant i ferma o així ens ho sembla. Ara ja no estem tan emprenyats. Próxima parada: el carrer |
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